La implementación de tobilleras electrónicas fue presentada como una posible solución para mejorar el control de personas con medidas restrictivas, pero hasta el momento sigue sin materializarse.
El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre avances importantes en el proceso de licitación para la implementación de tobilleras electrónicas, un sistema de control que aún no fue puesto en marcha. El mismo aseguró que estaría en marcha este fin de año.
¿Quién pagará las tobilleras, cómo funcionarán y quién las controlará?
Desde la Policía Nacional, dieron detalles sobre el funcionamiento, el financiamiento y el control de estos dispositivos, despejando varias dudas sobre su futuro uso.
Funcionamiento de las tobilleras electrónicas
El comandante de la Policía explicó que el funcionamiento dependerá del tipo de dispositivo que sea seleccionado una vez finalizada la licitación. El juez será quien determine el área geográfica donde la persona con la tobillera debe permanecer, y si se supera este límite, el sistema enviará alertas automáticas al Centro de Monitoreo.
Algunos modelos de tobilleras cuentan con alarmas sonoras que se activan si se traspasa el perímetro establecido. Además, en otros países se utilizan dispositivos conectados a las víctimas, emitiendo una alerta si el agresor con la tobillera se acerca a la persona protegida por una orden de restricción.
Ante cualquier alerta, la comisaría más cercana será notificada inmediatamente para que los agentes puedan acudir con mayor rapidez, gracias al sistema de localización GPS.
¿Quiénes estarán a cargo del control?
El comandante destacó la necesidad de establecer un Centro de Monitoreo, que estará compuesto por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Defensa Pública y la Policía Nacional, quienes serán los encargados de ejecutar las acciones necesarias ante cualquier incidente.
¿Cómo se financiarán las tobilleras?
El Ministerio de Economía y Finanzas cubrirá los costos de adquisición de los dispositivos, mientras que los gastos asociados al monitoreo y mantenimiento serán responsabilidad del acusado. Se estima que el costo mensual será de aproximadamente G. 2.000.000. Sin embargo, aquellos que no puedan asumir el costo podrán solicitar una exoneración mediante una declaración jurada de insolvencia, respaldada por dos testigos.
Este sistema, según las autoridades, podría ser una herramienta clave para mejorar la seguridad y el control de personas con medidas restrictivas, aunque su implementación aún depende de los avances en el proceso de licitación
Fonte: Paraguay.com